'Aqui todo se puede conseguir'
El tráfico de tierras indígenas en el Chaco paraguayo
Los bosques del Chaco paraguayo son el hogar de los Ayoreo Totobiegosode, los únicos pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en las Américas fuera de la selva amazónica. Pero también están desapareciendo más rápido que cualquier otro bosque del mundo.
Esta destrucción es impulsada por empresas ganaderas para satisfacer la demanda internacional de carne y cuero, y las cadenas de suministro implican a algunas de las empresas automotrices y de cuero más grandes de Europa, como se detalla en la investigación de Earthsight Grand Theft Chaco.
Reconocido por las autoridades paraguayas en el 2001, el PNCAT es el hogar de grupos Totobiegosode seminómados, que viven en aislamiento voluntario y dependen de los bosques para su supervivencia material, cultural y espiritual. Hoy, más de 124.000 hectáreas de tierras en el PNCAT están tituladas a los Totobiegosode. El desarrollo del resto del territorio está prohibido tanto por la legislación paraguaya como por las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, a pesar de estas protecciones ganadas con tanto esfuerzo, Earthsight descubrió que empresas paraguayas siguen ofreciendo tierras dentro del PNCAT a compradores internacionales, con la sugerencia de que pueden talar bosques y extender las operaciones de ganadería más adentro del territorio de los Totobiegosode.
En febrero de 2020, investigadores encubiertos de Earthsight se reunieron con una empresa de corretaje de tierras llamada GD Agronegocios.
Reunidos en un centro comercial de la capital de Paraguay, Asunción, representantes de la empresa nos ofrecieron no una, sino dos propiedades que se encuentran dentro del territorio Totobiegosode. Una de las propiedades se superpone a tierras oficialmente tituladas a los Ayoreo Totobiegosode en el catastro paraguayo de tierras.
La primera propiedad cubre 31.677 hectáreas en el norte del PNCAT. Denominada AgroRendá, se trata de una finca ganadera en funcionamiento perteneciente a un propietario uruguayo, con un rebaño de 2600 cabezas de ganado.
El material de venta de GD Agronegocios detalla que la finca tiene 2400 hectáreas de pastos plantados y 9308 hectáreas de pastos naturales. Earthsight preguntó sobre la posibilidad de talar bosques para ampliar este total, una acción que, además de estar prohibida por las medidas de protección de la CIDH, es indudablemente ilegal según una resolución de febrero de 2018 del Instituto Forestal Nacional de Paraguay, Infona.
Sin embargo, los representantes de venta de la empresa nos aseguraron que podríamos fácilmente adquirir la documentación necesaria para autorizar más tala.
“Apoyan el 99 por ciento de los proyectos, ¿y por qué? Porque están en desarrollo, este es un país en vía de desarrollo,” dijo un representante a los investigadores encubiertos. “Todo se consigue acá. Si [no se consigue], se busca al lado siempre.”
“Tengo un amigo, un socio que está en el ministerio, un ingeniero, al momento lo que no se puede conseguir, consigue,” añadió.
Earthsight luego preguntó si habría algún problema con los grupos indígenas u otras comunidades locales que podrían oponerse a los planes de expansión. El mismo representante negó repetidamente la existencia de tales riesgos.
"Los nativos no tienen problema", dijo. “Cero problemas en esa área, es el futuro de Paraguay… Diez puntos: sin ningún riesgo allá”.
El dueño de la empresa, German Drachenberg, quien habló con nuestros posibles compradores por teléfono desde la ciudad sureña de Encarnación, fue más allá.
Él nos aseguró que podríamos empezar a talar el bosque incluso antes de recibir la autorización del Ministerio del Ambiente. Una vez entregadas las propuestas a las autoridades, explicó, “puedes ir desarrollando sin ningún problema”.
"¿Antes de recibir la licencia?" preguntó Earthsight, fingiendo una leve confusión. "Exacto, exacto", respondió Drachenberg. Luego dio el ejemplo de comprar 10.000 hectáreas de tierra boscosa, presentar una evaluación de impacto y comenzar a talar el bosque antes de que regrese la aprobación.
Estas afirmaciones reflejan el testimonio dado a Earthsight por la ex empleada del Ministerio del Ambiente, Karen Colman.
Mientras trabajaba en el departamento de biodiversidad del ministerio, Colman descubrió que decenas de empresas ganaderas estaban solicitando permisos para talar bosques que ya habían talado. Estaban haciendo precisamente lo que Drachenberg describió: deforestar primero para luego buscar los permisos para regularizar los desmontes.
Cuando Colman intentó afrontar esta práctica, sus superiores se pusieron al lado de las empresas ganaderas, como se relata en la investigación de Earthsight Inside the Environment Ministry.
Después de concluir la reunión cara a cara con GD Agronegocios, los investigadores de Earthsight siguieron en contacto con los representantes de la empresa a través de WhatsApp. A las pocas horas de salir del centro comercial, ofrecieron una segunda propiedad de 24.000 hectáreas dentro del territorio Totobiegosode. Esta vez, la tierra ofrecida había sido titulada oficialmente a los propios Ayoreo Totobiegosode.
Nuevamente, los representantes dijeron que no habría problemas para talar el bosque o instalar un rancho en el terreno. Para respaldar esta afirmación, compartieron un fragmento de una licencia ambiental para la propiedad. "Son todos montes con árboles nativos", dijo un representante en una nota de voz grabada.
“Ya están todas habilitadas para ser desarrolladas. Usted no va a tener ningún problema. Totalmente habilitada por desarrollo.” Luego invitó a Earthsight a un vuelo sobre las propiedades.
Para aclarar la situación legal del intento de venta de esta propiedad, Earthsight habló con un abogado, Julio Duarte, quien ha apoyado el reclamo de tierras de los Totobiegosode.
Duarte reconoció la propiedad en cuestión y explicó que la misma había sido objeto de una disputa entre los Ayoreo Totobiegosode y una empresa ganadera argentina llamada Itapoti SA. Ambas partes afirmaron poseer títulos de tierra que se superponían entre sí, con Itapoti reclamando dos títulos con un total de 24.000 hectáreas y los Ayoreo reclamando un solo título de 26.000 hectáreas.
A principios de 2015, Itapoti invadió parte del territorio titulado a los Ayoreo, instalando una cerca y otra infraestructura en preparación para la tala de bosques. Los Ayoreo se defendieron, derribando la valla y presentando una denuncia penal por invasión de tierras. Después de esto, tanto los Ayoreo como Itapoti iniciaron procedimientos legales de medición de tierras en sus propiedades para determinar los límites de sus tenencias.
Sin embargo, mientras los Ayoreo completaron su medición y la validaron legalmente, confirmando que poseían 26.000 hectáreas, Itapoti nunca lo hizo. Duarte explicó que esto se debe a que, en realidad, la empresa aparentemente tiene un reclamo sobre una propiedad de solo 9000 hectáreas, no de 24.000 hectáreas.
“La venta es una trampa”, explicó Duarte, señalando que la licencia que nos había compartido el representante de GD Agronegocios no tenía fecha y casi seguramente estaba vencida hacía años. Si una empresa extranjera comprara la propiedad, probablemente descubriría que no podría obtener la autorización para desarrollarla, aunque si siguiera el consejo de GD Agronegocios, presentaría una evaluación de impacto y empezaría a destruir algunos de los restantes bosques del PNCAT antes de recibir una respuesta.
En respuesta a nuestros hallazgos, el propietario de GD Agronegocios, German Drachenberg, comentó a Earthsight que las propiedades ofrecidas tenían títulos legales, planes de uso actuales y estudios de impacto ambiental aprobados. No negó que una de las propiedades se superpusiera a tierras formalmente tituladas a los Totobiegosode, sino que afirmó que “podemos realizar con seguridad cualquier transacción relacionada con la compra, venta o arrendamiento” de la tierra en cuestión.
Drachenberg tampoco negó haber afirmado que se podría llevar a cabo la tala de bosques antes de la aprobación de las evaluaciones de impacto. No obstante, dijo: “¿Se puede realizar la deforestación? Sí se puede hacer, pero dentro de lo que contempla la ley de impacto ambiental y esto debe realizarse bajo estudios y aprobación de las autoridades”.
Drachenberg argumentó que si los anteriores dueños de las propiedades ofrecidas hubieran actuado ilegalmente “no es un asunto para nuestra empresa”, mientras afirmó que oficiales “deben investigar los casos de empresas y propietarios que lo hicieron sin respetar las leyes que la rigen”.
El intento de venta de estas propiedades resalta no solo la vulnerabilidad de los bosques de los Totobiegosode, sino los riesgos inherentes de hacer negocios en áreas con una vigilancia institucional tan débil.
Además, demuestra las fallas en la estrategia de fiscalización establecida por el director legal del Instituto Forestal de Paraguay, Víctor González.
González dijo a Earthsight que las instituciones estatales a menudo están dispuestas a regularizar la tala de bosques que ya se ha realizado, siempre que cumpla con requisitos básicos como el mantenimiento de una reserva forestal. Estas políticas permisivas dejan a algunos de los bosques más inapreciables del país peligrosamente expuestos, amenazando a la historia, el patrimonio y los medios de vida de los pueblos indígenas que los llaman hogar.